Hace años Birdsall (1) postulaba la necesidad de una economía política de las bibliotecas por cuanto éstas "son creación e instrumento de políticas públicas derivadas de procesos políticos". Cuando esos procesos políticos tienen lugar en el seno de organizaciones individuales, estamos ante la "micropolítica" que Mott Linn (2) define como "el uso del poder formal e informal por individuos y grupos para alcanzar sus objetivos dentro de una institución". La política entendida como ejercicio de poder (politics) es, pues, consustancial a la política como curso de acción (policy).
Quienes trabajamos en universidades sabemos bien que en ellas la micropolítica está a la orden del día y que tiene una honda repercusión sobre sus bibliotecas. Al ser parte de organizaciones "micropolitizadas", las bibliotecas universitarias ven cómo los criterios técnicos de su gestión pueden quedar condicionados y/o modificados por planteamientos políticos. Es manifiesto el influjo de la política sobre cuestiones de gestión bibliotecaria que, en principio, requerirían de soluciones técnicas: el balance descentralización/centralización, la gestión de sus recursos humanos, los repartos del presupuesto para adquisiciones bibliográficas entre los Departamentos, la estructura organizativa y hasta la política de préstamo. En semejante situación, la exigencia que pesa sobre los responsables de las bibliotecas de desarrollar una gestión eficaz y eficiente puede quedar un tanto mediatizada. ¿Qué hacer? De entrada, tratar de conocer y comprender el entorno micropolítico...
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A escala general, Mark Moore (3) recomienda a los directivos o gestores públicos ocuparse también de la gestión política. En el campo de las bibliotecas universitarias, Elteto y Frank (4) hablan de la necesidad de una biblioteca "astuta" que sea consciente de las realidades e incertidumbres del contexto político. Si bien el concepto de astucia tiene ciertas connotaciones de sigilo en cuanto a los trucos y argucias empleados, Linn nos ofrece algunas pistas para que las bibliotecas traten de desenvolverse en el mundo de la micropolítica universitaria. En concreto habla de las cuatro "P" de la micropolítica: performance, perception, power assessment y partnerships. Sobre la primera "p", la performance, cita un estudio desarrollado en la Universidad de Illinois por Salancik y Pfeffer (5) que concluía que las unidades que más poder alcanzaron fueron aquellas que mejor proporcionaron a la organización los recursos que ésta más valoraba y precisaba para su funcionamiento (performance). Como tales recursos citan el número de alumnos, el prestigio o el volumen de subvenciones y contratos externos. Sin embargo, el propio Linn es taxativo cuando dice que "aunque una unidad pueda ser importante para el funcionamiento de su organización, carece de valor político si su contribución es invisible", de ahí la importancia de la segunda "p" (la percepción).
El prestigo sigue siendo, desde luego, uno de esos recursos valiosos que precisa cualquier universidad. Si hasta hace poco las bibliotecas contribuían a él mediante el tamaño de sus colecciones, hoy parecen haber surgido otras fuentes de prestigio que ofrecer a la universidad: certificaciones y premios, proyección exterior, innovación tecnológica... Muestra de ello es el interés del Anuario de REBIUN por poner "bajo vigilancia" aspectos como los reconocimientos externos, los cursos impartidos en el exterior y, más recientemente, el número de sugerencias realizadas formalmente por el personal y el número de sugerencias realizadas por el personal respondidas formalmente.
Junto a la necesidad de explorar nuestro entorno con objeto de determinar cuáles son los recursos que nuestra universidad más valora, creo que es asimismo necesario reparar en quienes son los actores que tasan el valor de esos recursos. Esto nos lleva directamente al tema de los stakeholders entre los que, aparte de los poderes formales (equipos de gobierno, gerencias y Administraciones educativas), aparecen otros, menos formales, que también condicionan el funcionamiento de la biblioteca y que, en el ejercicio de su poder, suelen hacer de la biblioteca un tema micropolítico. Debido a ello, una biblioteca astuta (micropolíticamente hablando), debe ser también consciente de las relaciones y contrapesos que existen entre los stakeholders que ejercen el poder (formal e informal) en la universidad.
(1) W.F.BIRDSALL, "A Political Economy of Librarianship", Hermès: revue critique, 6 (2000)
(2) M.LINN Jr, "Politics: the art of the possible", The Bottom Line: Managing Library Finances, 22, 1 (2009), pp. 16-20
(3) M.H.MOORE, Gestión estratégica y creación de valor público, Paidós, 1998.
(4) S.ELTETO and D.G.FRANK, "The Politics of Survival in The Postmodern Library", Portal: Libraries and the Academy, 3, 3 (2003), pp. 495-401
(5) G.SALANCIK and J.PFEFFER, "The bases and use of power in organizational decision making: the case of a university", Administrative Science Quarterly, 19, 4 (1974), pp. 453-473.
IMAGEN: "Keeping the balance", de Frits Ahlefeldt-Laurvig, www.flickr.com/photos/hikingartist/3009540273/
2 comentarios:
¿Qué hacer? Posicionarse e implicarse. La neutralidad, en política y micropolítica, no funciona.
Hola, Anónimo, gracias por tu comentario. Dado que la mayoría de los responsabes bibliotecarios (en sus diversos niveles) son empleados públicos, creo que ese posicionamiento que postulas no acaba de encajar. Aparte de lo que indica el art 103 de nuestra Constitución (la Administración debe servir con objetividad los intereses generales), el reciente EBEP deja claras las pautas de actuación de los empleados públicos (art. 52), entre ellas la neutralidad y la imparcialidad. Aspectos como la inamovilidad funcionarial o el acceso al empleo público basado en el mérito y la capacidad, tienen la finalidad de garantizar la neutralidad política del funcionario (aconsejo la lectura del artículo de Ignacio Arias sobre la "Inamovilidad funcionarial", www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009040500_52_743233__Opinion-i).
La política/micropolítica es terreno de intereses a menudo contradictorios en el que la posición del directivo/empleado público no debe ser la de tomar partido, sino más bien la de intentar conciliar esos intereses divergentes (siempre que, claro está, éstos sean legítimos) en pro del interés general. La política/micropolítica no es misión del empleado público, sino una de las condiciones de su actuación.
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